Sin escape: Dentro del sistema de casas de huespedes en Texas donde el abuso, la negligencia, y la explotación son comunes

Este artículo fue producido en colaboración con In These Times, con apoyo de la Fundación Puffin y el Fondo para el Periodismo Investigativo. 

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Angelique Estes supo que su estancia sería difícil desde el momento en que llegó a su nuevo hogar en Arlington, Texas, a principios de diciembre de 2023. 

A sus 53 años, Estes había aprendido a interpretar su entorno rápidamente. Ha vivido con parálisis cerebral durante toda su vida, y hace 2 años, su salud se deterioró rápidamente luego de que su esposo, con quien llevaba casi 30 años casada, falleciera, dejándola sin poder caminar. Sin familia que la pudiera cuidar, y tan sólo con las prestaciones por discapacidad en que apoyarse, Estes—al igual que miles de texanos en circunstancias similares—recurrió a las viviendas grupales, como una alternativa de bajo costo a una residencia de ancianos que no habría podido pagar. 

Para cuando llegó al número 1210 de la calle Woodbrook, un edificio bajo y tosco con tres habitaciones, y en un vecindario tranquilo y residencial, ya había pasado por cinco casas de huespedes similares, ninguna de buena calidad. Mientras observaba los estrechos pasillos—tan angostos que su camilla de ambulancia ni siquiera cabía—sintió que esta vez no sería mejor. 

«Fue cuando empecé a sospechar», recuerda Estes. Pero no había anticipado qué tan malo podría ser. 

Llevaron a Estes a una habitación, y la acostaron en una cama. Durante los días siguientes cambiaron sus pañales para adulto con muy poca frecuencia, y solo le dieron fideos instantáneos y sandwiches de mayonesa. También le administraron un medicamento nuevo que no le habían recetado—una medicina líquida que sabía a menta, que ahora cree que se usó para sedarla. Su anciana compañera de habitación, estaba demasiado débil para ayudarla. Sin Wifi ni datos en su teléfono, se sentía aislada y sola. 

«Cuando me di cuenta que no me iban a dejar salir, me dejé caer al suelo, pensando que llamarían a una ambulancia para ayudarme a levantarme», se acuerda. «No lo hicieron». 

En su lugar, sus cuidadores la pusieron en un colchón que estaba en el piso, donde permaneció durante el resto de su estancia en la residencia. Atrapada y desesperada por escapar, eventualmente trató de cortarse las venas—otro intento para obligar a que llamaran a una ambulancia y poder salir de ahí. Pero nadie pidió ayuda.

Finalmente, cinco días después de su llegada a la vivienda, el mensaje que Estes intentó enviar a una amistad suya: «Me tienen retenida contra mi voluntad» , llegó al destinatario, quien llamó al 911. 

El domicilio 1210 de la calle Woodbrook ya era conocido por la policía de Arlington. Casi tres semanas antes, el 20 de noviembre de 2023, la policía había llegado a la vivienda, luego de que otro residente, un anciano con discapacidades físicas serias se cayó en el patio trasero. Un vecino lo encontró tirado y llamó al 911. 

Según archivos policiales, la policia entrevistó a la dueña del establecimiento, Regla Becquer (quien operaba cinco residencias sin licencia en el área de Dallas para discapacitados y ancianos bajo el nombre Love and Caring for People LLC —Amor y cuidado para las personas, en inglés—) y además, el jefe de bomberos realizó una inspección de la vivienda, pero no encontró ninguna violación. 

El 13 de diciembre, cuando los agentes de la policía llegaron tras la llamada de la amistad de Estes, encontraron a Estes en un colchón en el suelo de su habitación. Cuando los oficiales le preguntaron si quería ir al hospital, Estes gritó, «¡Sí! ¡Sáquenme de aquí!»

La policía abrió una investigación sobre la casa en la calle de Woodbrook y las otras propiedades de Becquer. En las cinco viviendas, los investigadores descubrieron que varios residentes con discapacidades serias, habían sufrido negligencia grave: habían sido privados de comida, agua, y atención médica; los dejaban en pañales sucios, sin cambiarlos durante días; estaban aislados de amigos y familiares, y les estaba prohibido irse, o contactarse con el mundo exterior. En un caso en particular, un residente que no podía caminar, no tenía acceso a su silla de ruedas y tenía cicatrices «porque se estaba arrastrando», como declaró posteriormente la teniente de policía de Arlington, Kimberly Harris, a los periodistas. 

En febrero de 2024, la policía arrestó a Becquer bajo cargos de abandonar o poner en peligro a un residente, y de crear peligro inminente de lesiones físicas respecto a las negligencias que Estes experimentó. Ese cargo no sería el último. 

En el momento en que Becquer fue arrestada, la policía de Arlington estaba investigando 13 casos de residentes de sus viviendas que habían fallecido durante el último año y medio, incluyendo por lo menos tres instancias en que Becquer se había apropiado de los bienes de sus difuntos residentes. Una de ellas fue Karen Walker, de 61 años, quien apuntó a Becquer como albacea de su patrimonio—incluyendo la casa en la calle Woodbrook—cuando falleció en 2022. Otro fue Steven Kelly Pankratz, de 59 años, quien se había mudado a una de las viviendas grupales de Becquer en octubre de 2022 y falleció ahí 15 meses después. 

Según quienes conocían a Pankratz durante su tiempo en la vivienda grupal, Becquer lo aisló sistemáticamente de las personas de su entorno, y lo privó de atención médica. El abogado de Pankratz, Dan Moore—quien lo representaba en un caso de lesiones corporales no relacionado—y la administradora de la oficina de Moore, Janet Jackson, relataron en una entrevista como Pankratz faltó a varias citas médicas mientras estaba bajo el cuidado de Becquer, y además, cuando llamaban para hablar con él, Becquer siempre estaba escuchando al fondo.

«Yo le pedía que quitara el altavoz, y él respondía: ‘No puedo’», recordó Jackson. «Lo tenía prácticamente secuestrado”. 

En algún momento después de mudarse al hogar de Becquer, dice Moore, Pankratz le otorgó a Becquer poder notarial, dándole acceso a sus finanzas. Una demanda presentada en 2024 por el hermano de Pankratz, denunció que Becquer utilizó la «desorientación médica» para acceder a sus ahorros y su línea de crédito, comprando un automóvil con su dinero, a pesar de que Pankratz no podía manejar. (El hermano de Pankratz se negó a hacer declaraciones oficiales. La demanda aún está en trámite.)

El 12 de enero de 2024, Pankratz falleció. Cuando llegaron los servicios de emergencia locales, Pankratz ya llevaba muerto un tiempo. Su hermano declaró a la policía que, cuando habían hablado aproximadamente 12 horas antes de su muerte, Pankratz «sonaba desorientado, y hablaba con dificultad.» Una autopsia posterior reveló una mezcla de medicamentos psicotrópicos en el organismo de Pankratz que nunca le habían recetado. El médico forense del condado de Tarrant dictaminó que su muerte fue un homicidio, y Becquer fue acusada de asesinato. La policía de Arlington declaró que su muerte era solo «la punta del iceberg.»

El abogado de Becquer se negó a ofrecer comentarios porque ambos casos criminales aún están pendientes. Becquer, quien actualmente está en detención preventiva, no respondió a preguntas enviadas por correo sobre los casos penales ni sobre la demanda civil (en que parece que Becquer se está representando a sí misma). La fecha del juicio para ambos cargos penales se ha fijado para el 1 de abril, y no hay constancia de ningúna declaración. 

La policía de Arlington informó a In These Times y Type Investigations en una declaración que habían identificado “por lo menos a 20 clientes que fallecieron entre septiembre de 2022 y febrero de 2024 después de alojarse en una de las casas [de Becquer]». «Hasta la fecha, la muerte del Sr. Pankratz es la única por la que hemos presentado cargos», afirmó la policía de Arlington. «El caso ha sido remitido a la Fiscalía del Condado de Tarrant».

Ya para junio de 2024, la historia se convirtió en noticia nacional. Pero los titulares sensacionalistas sobre la «Cuidadora Asesina» en Texas no transmiten la magnitud de horror del caso: las viviendas de Becquer representan la trágica culminación de un fallo sistémico en las políticas públicas, en que las presuntas experiencias de Pankratz y Estes son sólo dos ejemplos extremos de un problema mucho más grande. 

Las instalaciones que dirigía Becquer se consideraban «casas de huéspedes: un término que en Texas se refiere a viviendas grupales para ancianos o personas con discapacidades, ubicadas en residencias privadas, que proporcionan alojamiento, comida, y niveles distintos de apoyo, que frecuentemente operan con poca o ninguna supervisión. 

A simple vista, pueden parecer una solución potencialmente buena para problemas sociales complejos. Como un modelo comunitario de bajo costo, las casas de huéspedes, que suelen costar a sus residentes alrededor de $1,400 al mes—comparado con un costo promedio que oscila entre $5,475 y $7,087 por mes por una cama en un asilo de ancianos—frecuentemente son la única opción para los que no tienen para pagar un asilo privado o no califican para Medicare o Medicaid. En Texas, el problema se agrava por dos factores: uno, que el estado tiene el porcentaje más alto de residentes sin seguro médico en el país, con un total de aproximadamente 5 millones de personas, incluyendo a muchos de los aproximadamente 2.1 millones de inmigrantes indocumentados; y dos, que las bajas tasas de reembolso de Medicaid han contribuido al cierre de 84 asilos de ancianos en los últimos cinco años, y la pérdida de miles de camas de cuidado a largo plazo. 

Ante este vacío, las casas de huéspedes pueden cubrir una necesidad vital. Sin embargo, los expertos afirman que un mosaico de regulaciones y la falta de supervisión, ponen a los residentes en riesgo de aislamiento, negligencia, abuso y explotación financiera. No se requiere formación médica para abrir una casa de huéspedes, a pesar de que muchos residentes tienen necesidades médicas complejas. Como no todos los gobiernos locales de Texas requieren que las casas de huéspedes soliciten permisos y licencias, operar residencias «sin licencia, como la de Becquer, es legal en algunas áreas.

Los resultados son macabros. Tras revisar la cobertura de noticias locales, In These Times y Type Investigations descubrieron que entre 2020 y 2025, los servicios de emergencia encontraron por lo menos 100 personas vulnerables sin la atención adecuada, incluyendo alimentos y medicamentos, en casas de huéspedes de Texas. Muchos tuvieron que ser hospitalizados; algunos fallecieron. En junio de 2023, un residente de 75 años de una casa de huéspedes cerca de Houston tuvo que ingresar a la unidad de terapia intensiva cuando uno de sus cuidadores lo golpeó. Meses después, nueve personas fueron encontradas heridas y desnutridas en otra residencia del área de Houston. 

Si bien el caso de Becquer recientemente impulsó algunas reformas políticas que buscan brindar mayor supervisión de casas de huéspedes, los expertos afirman que aún están lejos de abordar realmente el tema. Tales instalaciones existen bajo diferentes designaciones por todo el país, con un mayor riesgo de abuso y negligencia en estados con mayores índices de pobreza, niveles más bajos de acceso a Medicaid, y una tendencia a la desregulación, según los expertos. Con frecuencia, esto se refiere al Sur, según DJ McMaughan, un profesor de salud pública en la Universidad Estatal de Oklahoma, quien estudió el sistema de casas de huéspedes de Texas. 

Pero el problema no se limita a los estados del sur, señala McMaughan: «Hawaii ha tenido problemas, Nueva York ha tenido problemas, Pensilvania ha tenido problemas.»

Y mientras Estados Unidos se enfrenta a los mayores recortes a su sistema de salud en su historia— que eliminará 500 mil millones de dólares de Medicare y un billón de dólares de Medicaid durante los próximos nueve años, dejando a unos 16 millones de personas sin cobertura médica y posiblemente cerrando unos 600 asilos de ancianos por todo el país—el modelo de casas de huéspedes de Texas podría representar un doloroso anticipo de lo que está por venir. Los expertos anticipan que los recortes obligarán a más personas a recurrir a casas de huéspedes y otras soluciones improvisadas. 

«Más personas serán canalizadas al sistema no regulado de [casas de huéspedes]», dice McMaughan. «Y tal vez no directamente, [sino] al terminar en las calles o en el hospital, y siendo derivados a una casa de huéspedes sin licencia. 

Esto es una visión espeluznante del futuro de la atención a largo plazo en América. Dennis Borel, ex director ejecutivo de la Coalición de Texanos con Discapacidades, un grupo local de defensa de los derechos de las personas con discapacidades, lo explicó así: Las casas de huespedes son «el peor lugar posible donde vivir,», salvo «dormir bajo un puente».

Una población oculta

El modelo de casas de huéspedes nació de buenas intenciones: liberar a las personas con discapacidades de instituciones restrictivas, reintegrarlas a sus comunidades, y conseguir que la atención a largo plazo sea más humana y digna. 

En 1999, la histórica decisión de la Corte Suprema en el caso de Olmstead v. L.C.—un caso presentado por dos mujeres de Georgia, Lois Curtis y Elaine Wilson, quienes buscaban salir del hospital psiquiátrico en que vivían, y ser reubicadas—resultó en una revolución en la atención basada en la comunidad en el sector de integración social. Los doctores de las mujeres creían que la desinstitucionalización las beneficiaría, pero una falta de fondos impidió su transición a un entorno comunitario. La corte dictaminó que esta denegación equivalía a la segregación de Curtis y Wilson de la comunidad, constituyendo discriminación ilegal, y una violacion de la Ley de Estadounidenses con Discapacidades. 

Mientras Estados Unidos se enfrenta a los mayores  recortes de su sistema de salud en la historia— que eliminará 500 mil millones de dólares de Medicare y un billón de dólares de Medicaid durante los próximos nueve años, y dejará a unos 16 millones de personas sin cobertura médica—el modelo de casas de huéspedes de Texas podría representar un doloroso anticipo de lo que está por venir.

La decisión fue aplaudida como una victoria significativa para los derechos de las personas discapacitadas, y el movimiento a favor de la desinstitucionalización que, impulsado por reportes continuos de abuso y aislamiento en instalaciones grandes, había abogado durante décadas por la reintegración de las personas con enfermedades mentales y discapacidades de desarrollo en entornos comunitarios. En el periodo posterior, decenas de instituciones fueron cerradas en toda la nación. Pero no se elaboró ningún plan para asegurarse que las formas alternativas de atención fueran adecuadas y seguras. 

Estados Unidos carece de regulaciones integrales a nivel federal para las instalaciones residenciales de atención que son reguladas a nivel estatal—o en algunos casos, incluyendo a Texas, al nivel de condado o municipal. Esta laguna jurídica ha resultado en políticas y regulaciones inconsistentes por todo el país, agravado por el hecho que los diferentes estados utilizan términos diferentes para describir a los centros de atención comunitaria, y definiciones legales diferentes sobre los servicios que pueden ofrecer. (Lo que se llama una «casa de huéspedes» en Texas es, por ejemplo, un «hogar de cuidado personal» en Pensilvania, y un centro de atención residencial para personas mayores» en California). 

«Nadie quiere vivir en un asilo de ancianos, esa es la realidad», dice McMaughan. «Pero desafortunadamente, en Estados Unidos, cuando trasladamos a las personas a la comunidad, no tenemos un sistema de apoyo establecido en la comunidad para quienes necesitan un mayor nivel de atención».

La forma en que se financia la atención a largo plazo en Estados Unidos también ha contribuido al auge de las casas de huéspedes. Como Medicare por lo general no cubre asistencia a largo plazo, muchos estadounidenses que terminan en asilos de ancianos, son forzados a agotar los ahorros de toda su vida en los costos de atención, antes de que Medicaid se haga cargo de ellos. 

La negativa de Texas a expander a Medicaid bajo la Ley de Asistencia Asequible también ha resultado en algunos de los requerimientos más severos del país para acceder a Medicaid—restringiendo el total de bienes de los solicitantes ancianos y discapacitados a $2,000, reduciendo aún más la posibilidad que los residentes puedan acceder a una atención a largo plazo asequible. 

Y mientras algunos asilos operan «pabellones de Medicaid», frecuentemente con menos comodidades, menos personal, y comida más barata, los reembolsos de Medicaid aun no llegan a cubrir los costos reales de alojamiento, alimento y atención para cada residente. En Texas, esto ha resultado en la pérdida de más de 3,200 camas financiadas por Medicaid durante los últimos 5 años. 

Mientras los asilos de ancianos siguen cerrando, las casas de huéspedes parecen ser la solución natural. El condado de Harris que abarca la zona de Houston, tiene más de 300 casas registradas, posiblemente representando miles de camas. Pero mientras más texanos de bajos ingresos se ven obligados a recurrir a casas de huéspedes, se encuentran con un sistema que prácticamente no ofrece protección.

A diferencia de los asilos de ancianos y los centros de vida asistida, las casas de huéspedes no están obligadas a conseguir una licencia estatal. Y mientras algunas ciudades y condados como Harris obligan a las casas de huéspedes a solicitar permisos locales—un proceso distinto y menos complejo que el proceso de licencia estatal para los asilos de ancianos—otros no lo hacen. En 2009, Texas aprobó una ley creando estándares modelo para casas de huéspedes, pero la adopción de esos estándares es voluntaria para los gobiernos locales. Como resultado, hay estándares legales marcadamente inconsistentes para las casas de huéspedes en todo Texas. 

Algunas ciudades, como Dallas, El Paso y San Antonio, han adoptado los estándares; otros, como Houston y Austin, crearon sus propias regulaciones; y aun otras, como Arlington—donde 

Becquer operó tres de sus residencias—decidieron no implementar regulaciones hasta este año.

Esta falta de coherencia normativa crea una laguna jurídica para los operadores de las casas de huéspedes que buscan eludir la supervisión. «Las personas que operaban casas de huéspedes sin escrúpulos» en comunidades que habían adoptado regulaciones más estrictas, dice Borel, «simplemente se trasladaron fuera de los límites de la ciudad a un entorno no regulado.»

Por otra parte, está la discrepancia fundamental entre lo que a las casas de huéspedes se les permite hacer legalmente, y lo que muchos dicen ofrecer. Bajo la ley de Texas, las casas de huéspedes solo pueden ofrecer servicios limitados tales como: «tareas domésticas ligeras, preparación de alimentos, compra de comestibles, administración del dinero, servicios de lavandería, o asistencia con la auto administración de medicamentos». Tienen prohibido ofrecer «servicios de cuidado personal», que incluya ayudar a los residentes a comer, vestirse, levantarse y acostarse, administrar medicamentos, o bañarse, entre otras necesidades personales. 

Según Borel, la idea era facilitar la apertura de casas de huéspedes, para incrementar las opciones bajas en costo para personas con discapacidades. Pero con poca vigilancia pública o atención de los políticos, algunas casas de huéspedes sin licencia han podido operar impunemente, explotando y poniendo en riesgo a residentes vulnerables que con frecuencia no tienen a nadie que los defienda.

Algunas casas de huéspedes operan dentro de los límites de la ley. Rebecca Walker, quien ha manejado dos casas de huéspedes en el área de Houston durante más de 10 años, fue de las primeras en recibir una licencia cuando el condado de Harris implementó nuevas regulaciones en 2022. Walker heredó las licencias de su madre, quien abrió su primer hogar de cuidado comunitario en los 1980’s, después de que el hermano de Walker fue diagnosticado con una condición severa de salud mental, para crear un espacio donde personas con condiciones similares podrían vivir. 

Las instalaciones de Walker atienden específicamente a personas con problemas de salud mental y discapacidades intelectuales, y antes de aceptar a un cliente nuevo, conduce una evaluación. Un requerimiento central es la regulación local que los residentes no requieran de cuidado las 24 horas, y puedan caminar, para que puedan evacuar las instalaciones en caso de emergencia. 

Sin embargo, otras casas de huéspedes se anuncian ofreciendo una gama mucho más amplia de servicios; algunos hasta se presentan como centros de vida asistida, con licencia válida, que ofrecen servicios más extensos a los residentes, y que requieren licencias y registro estatal. 

Esta discrepancia fundamental—entre lo que las casas de huéspedes pueden legalmente ofrecer, y lo que muchos de sus residentes requieren—debería impedir que una casa de huéspedes admitiera a residentes con necesidades médicas y de atención significativas. Pero en la práctica no es así, y la discrepancia suele ser la raíz de los casos de negligencia y abuso. 

En una revisión exhaustiva de procesos judiciales y mediante aproximadamente 30 entrevistas con antiguos y actuales residentes de las casas de huéspedes, sus familias, abogados y defensores, In These Times y Type Investigations descubrieron que pacientes en hospitales y centros de rehabilitación de 24 horas, han sido dados de alta y trasladados a casas de huéspedes. En algunos casos, eso ha incluido hogares que habían estado bajo investigación durante años por parte de la Comisión de Salud y Servicios Humanos de Texas.

Al menos en dos casos, los pacientes fueron dados de alta y derivados a casas de huéspedes que tenían acusaciones de negligencia médica grave por parte de familias cuyos seres queridos fallecieron bajo el cuidado de dichas residencias. Con todo, siguieron derivando a pacientes a estas instalaciones. 

Si bien, algunas autoridades públicas han expresado su preocupación de que los responsables de las altas hospitalarias están motivados a derivar a los pacientes a casas de huéspedes—en 2021, durante una audiencia legislativa de Texas, un funcionario de la Fiscalía del condado de Harris dijo que los hospitales a veces reciben una comisión por derivación—aun así, la motivación podría ser más mundana: esto es, que no hay otros lugares a donde puedan ir los pacientes. 

La misma falta estructural de supervisión que podría exponer a residentes de casas de huéspedes a cuidados inadecuados, negligencia, y hasta violencia, también les permite tener donde vivir. 

«Por lo general, la gente simplemente está cómoda con el hecho de que los indigentes con problemas de salud mental, las personas con adicciones, y los adultos mayores sin familia—estén en una casa de huéspedes, porque no se tiene que preocupar por ellos», dice McMaughan. «Es básicamente una población oculta que a nadie le importa. Son personas que no tienen defensores». 

«Ojos que no ven, corazón que no siente.»

Condiciones peligrosas, opciones limitadas

A mediados de julio de 2012, Manuel yacía solo en una habitación oscura y estrecha en un suburbio de Houston, analizando sus opciones. 

Hacía 3 días lo habían transferido a la casa de huéspedes. Los técnicos de emergencias médicas lo sacaron de la ambulancia y lo dejaron en la casa de huéspedes. No hubo nadie que lo asistiera a instalarse, y cuando Manuel pidió ayuda, nadie respondió. 

La casa tenía electricidad pero nadie le prendía la luz, dejándolo a él en completa oscuridad. Finalmente, la persona que estaba a cargo de la casa de huéspedes apareció en sólo 2 ocasiones en espacio de 3 días, para llevarle agua y comida, antes de desaparecer de nuevo. 

Mientras pasaban las horas, Manuel sintió una creciente sensación de pánico. «Tengo que salir de aquí», pensó, aunque tenga que arrastrarme».

Sin embargo, es más fácil decirlo que hacerlo. Años antes, en 1993, cuando Manuel tenía 19 años, la vida parecía llena de posibilidades. Había viajado a Estados Unidos como inmigrante indocumentado, buscando trabajo y dinero para mandarles a sus padres en México. Al poco tiempo de llegar, encontró trabajo en una tienda del dólar. (Manuel es seudónimo. No estamos publicando su nombre actual para proteger su identidad, dado su estatus migratorio.)

Dos años después, un conductor se pasó un semáforo en rojo y chocó contra la minivan en la que estaba Manuel. El impacto lo lanzó del vehículo, y cayó de bruces sobre el asfalto, hiriendo a su médula espinal y dejándolo tetrapléjico, confinado a una silla de ruedas con movilidad reducida del cuello hacia abajo. 

El accidente sumergió a Manuel en las turbias profundidades del sistema médico estadounidense en el cual, los costos crecientes y la falta de supervisión adecuada, puede dejar a los pacientes—particularmente inmigrantes indocumentados sin seguro médico—con pocas opciones de atención y vulnerables a la explotación y el abuso. 

En los meses posteriores al incidente, Manuel pasó casi un año entre el hospital Ben Taub de Houston y el Centro Médico Quentin Mease, recibiendo tratamiento por sus heridas. La ley federal obliga a los hospitales a proveer cuidado médico de emergencia independientemente del estatus migratorio y seguro del paciente. Pero eventualmente, el hospital determinó que Manuel estaba lo suficientemente estable para ser dado de alta, y un trabajador social compasivo, quien también usaba una silla de ruedas, le encontró una cama en un asilo de ancianos local. 

Con solo un poco más de 20 años, Manuel era mucho más joven que los otros residentes del asilo, pero estaba agradecido de tener donde quedarse. Sabía que su familia en México no podía costear su cuidado.

Luego de vivir en el asilo durante cuatro años, de pronto Manuel fue trasladado a otra instalación—y luego a otra, y otra. Los traslados fueron repentinos. No sabía por qué ocurría, y no le decían a dónde lo llevarían después. 

La experiencia de Manuel demuestra las crecientes dificultades que los pacientes indocumentados enfrentan al buscar cuidado a largo plazo, particularmente en estados como Texas, que sistemáticamente han eliminado el apoyo médico para migrantes indocumentados. En 1996, el año después del accidente de Manuel, el Congreso aprobó la Ley de la Reforma del Bienestar Social, que introdujo estrictos requisitos laborales y eliminó la doctrina PRUCOL—Residencia Permanente Bajo la Ley, en inglés—que permite que los inmigrantes indocumentados accedieran a programas federales de asistencia. Tras los cambios, algunos estados, como Nueva York y Massachusetts, mantuvieron vigente a PRUCOL. Otros, incluyendo a Texas, lo abandonaron completamente. 

En 2001, el fiscal general de Texas emitió una opinión argumentando que las clínicas públicas y los hospitales, sólo podrían utilizar fondos públicos para inmigrantes indocumentados para servicios específicos, tales como cuidado de emergencia, vacunas, y tratamientos para enfermedades contagiosas. Algunas entidades municipales han restringido el acceso aún más; en 2005, el Distrito Hospitalario del condado de Harris en Houston, dejó de proveer suministros médicos esenciales—incluyendo sillas de ruedas y catéteres—a pacientes elegibles para Medicaid, incluyendo a personas indocumentadas como Manuel.

Estos cambios han hecho que el acceso a asilos, instalaciones de vida asistida, y otras formas de cuidado a largo plazo sea increíblemente difícil para las personas indocumentadas. Como consecuencia, incluso cuando las personas indocumentadas requieren cuidado de 24 horas, las casas de huéspedes son frecuentemente las únicas instalaciones que los aceptan. Los expertos dicen que las personas como Manuel, quienes están en el país solos o cuyas familias no pueden abogar por ellos por temor a represalias, con frecuencia son los más vulnerables al abuso y la negligencia. 

Para cuando Manuel fue trasladado en julio de 2012, ya había vivido en ocho instalaciones diferentes—siete asilos y una casa de huéspedes. Pero la casa de huéspedes a la que llegó en 2012 representó un nuevo nivel de negligencia. 

Acostado en su habitación al fondo de la casa, Manuel tenía hambre y sed, y necesitaba que le cambiarán la ropa interior. Todo esto planteaba un riesgo serio a su salud: pasar días sin que lo cambiaran podría agravar las úlceras por presión, además de que la deshidratación podría causar una grave infección del tracto urinario. 

Tal como Angelique Estes lo hiciera 11 años después, Manuel decidió que una acción drástica era necesaria. Llamó al 911 y le dijo al operador que estaba sufriendo un ataque al corazón, luego convenció a los paramédicos que llegaron que lo llevaran a la sala de emergencia, donde le dijo a un trabajador social sobre la negligencia que había sufrido. Fue trasladado a un nuevo hogar. 

El caso de Manuel no es una anomalía. Otro residente de una casa de huéspedes, describió vivir durante meses en un hogar donde el baño no era totalmente accesible, y la única manera en que podía bañarse era tomar transporte público a un centro comunitario a 30 minutos de distancia. 

Para muchos residentes de casas de huéspedes, la negligencia no es la única dificultad que enfrentan. En 2024 visité a Nando (no su nombre actual), un inmigrante indocumentado de Centroamerica en otra casa de huéspedes en el este de Texas, donde llevaba viviendo más de un año

Aun así, Nando me dijo que esta era la mejor casa de huéspedes en que había vivido. Desde 2019, había pasado por varias residencias, donde en ocasiones había sido humillado y golpeado. Una foto de uno de sus hogares previos muestra su cama: una simple colchoneta de plástico sobre un colchón muy sucio. A lo largo de los años, a Nando le robaron muchas de sus pertenencias, incluyendo su silla de ruedas en diferentes casas. En otra instancia, dijo Nando, el encargado de la casa de huéspedes dejaría en el piso a los residentes ancianos que se caían, y en una ocasión, hasta lanzó una bolsa de orina a la cara de Nando, hiriéndole un ojo. 

«Solo quería morir, porque pensé, ‘¿Qué sentido tiene vivir una vida así en que te maltratan?» me dijo. 

El abuso puede ser común en las casas de huéspedes, dice McMaughan. A veces la violencia es perpetrada por otros residentes, incluyendo residentes jóvenes con discapacidades intelectuales o tendencias violentas, quienes son puestos a cargo de los adultos mayores en la residencia, agrega McMaughan. 

Los residentes de casas de huéspedes también pueden ser vulnerables al fraude financiero, según expertos. Diana Ayvox, una mujer bajita de setenta años, había crecido en Fort Worth y era bien conocida en su comunidad. Era niñera de sus vecinos, estaba activa en su iglesia local, y tuvo amigos que la apoyaron cuando desarrolló demencia. 

Sin embargo, a medida que la enfermedad de Aycox progresaba, sus amigos no sabían cómo cuidarla, y no tenía familia cercana a quién acudir. Así que, a principios de 2021, entró a una casa de huéspedes en las afueras de Arlington, operada por Ireka Hamilton, quien también manejaba otras casas en el área, todas sin licencia. (En ese momento, Arlington no requería que las casas de huéspedes tuvieran licencia.)

Como suele pasar con los residentes que no tienen otros familiares, Hamilton, en su calidad de operadora de la residencia, fue designada para manejar los beneficios de Seguridad Social de Aycox. Un poco después, Hamilton solicitó convertirse en la tutora legal de Aycox, argumentando que Aycox estaba incapacitada. 

A principios de 2022, un tribunal testamentario del condado de Tarrant designó a un investigador para evaluar la solicitud de Hamilton. Durante la investigación, Aycox permaneció bajo el cuidado de Hamilton. Luego, en agosto de 2023, los registros de propiedad muestran que Hamilton compró la casa de Aycox. Andrea Casanova, una abogada especializada en derecho de tercera edad, señaló que Aycox no recibió dinero alguno por la venta. 

«Diana debía recibir el dinero», subrayó Casanova. «Nunca lo recibió». 

Casanova también precisó que, en el momento, Aycox estaba incapacitada para tomar decisiones sobre su patrimonio. 

«Tenemos la evidencia médica para demostrar que no podría haber entendido lo que estaba haciendo», continúa Casanova. «Así que se trata simplemente de un caso de explotación inmediata”. Poco después de convertirse en su tutora legal, Casanova sacó a Aycox de la residencia, y bloqueó a Hamilton de la cuenta de Seguridad Social de Aycox. 

No era la primera vez que Hamilton estaba bajo escrutinio. En 2013, el Departamento de Servicios para Adultos Mayores y Personas con Discapacidades de Texas (DADS, por sus siglas en inglés)—que fue absorbida por la Comisión de Salud y Servicios Humanos de Texas en 2017—abrió una investigación sobre varias residencias para adultos mayores operados por Hamilton y su socio. Cuando los inspectores de DADS visitaron una instalación en Grand Prairie en julio de 2023, concluyeron que Hamilton y su socio, brindaban servicios que excedían lo que las casas de huéspedes tenían permitido ofrecer, incluyendo la administración de medicamento, y asistencia para comer, moverse, y bañarse. 

Luego hubo más inspecciones. A fines de octubre de 2013, los inspectores habían visitado las casas de huéspedes de Hamilton seis veces. En cada instancia, DADS descubrió que las instalaciones ofrecían servicios de cuidado personal que no tenían permitido. En 2014, en respuesta a las conclusiones de DADS, una corte civil obligó a Hamilton y a su socio a que cesaran sus operaciones y pagaran $25,000 en honorarios de abogados y multas. Pero continuaron operando. 

Luego, en 2020, una mujer llamada Ella Sanders falleció de sepsis causada por una infección del tracto urinario mientras estaba al cuidado de Hamilton. Los hijos de Sanders presentaron una demanda, bajo la acusación de que su muerte fue resultado de una grave negligencia. En la demanda, la hija de Sanders, Cara Jefferson, afirmó que sacó a su madre de la casa de huéspedes de Hamilton después de haberla encontrado «acostada boca arriba, y sin cambiar sus pañales con orina y excrementos». Sanders había desarrollado úlceras por presión por la falta de movimiento, y tenía moretones en los brazos y piernas, según la demanda que se resolvió en 2024. 

In These Times y Type Investigations mandaron preguntas detalladas a la última dirección conocida de Hamilton, y se contactaron a través del teléfono y redes sociales, pero no recibieron respuesta. 

Tanya Winn no sabía de estas acusaciones cuando Oasis Senior Advisors, una empresa privada que ayuda a las familias a encontrar residencias para personas mayores, recomendaron las casas de Hamiton en Octubre de 2021, presentándolas como «comunidad residencial para personas mayores». 

Para Winn, parecía la solución perfecta para su madre, Ellen Johnson, quien tenía Parkinson en fase avanzada y no quería vivir en un asilo grande, y también para su padre, a quien habían diagnosticado recientemente con demencia. Nadie le dijo a Winn que las casas de huéspedes de Hamilton no estaban sujetas a los mismos requisitos de licencia y regulación, como los asilos de ancianos que operaban en el estado. 

Cuando Winn visitó las instalaciones tampoco le generó ninguna preocupación. Johnson estaría compartiendo una habitación con otra residente, pero era un espacio grande y limpio con baño privado. A $1,500 dólares al mes, parecía buena oferta; tanto que Winn también trasladó a su padre a otra casa que Hamilton operaba. 

«Nos mostraron un closet donde guardaban los medicamentos de todos, nos mostraron un menú», dice Winn. «Todo era mentira». 

Winn dice que se empezó a preocupar unos diez días después, cuando su madre le empezó a mandar mensajes de textos incoherentes y crípticos. Johnson dijo que había estado bromeando. Hoy, Winn se pregunta si a su madre le habían dado una dosis incorrecta de medicamento, o si la drogaron. 

En Día de Acción de Gracias, cuando un empleado estaba ayudando a la compañera de cuarto de Johson a prepararse para una visita familiar, Winn noto que la mujer no se había lavado ni peinado el cabello en semanas. «Se le veían nudos en la nuca», dijo Winn. 

Winn trasladó a su madre al mismo hogar donde vivía su padre, pero los problemas continuaron. Su madre le empezó a mandar textos, diciendo que tenía hambre. «¿No te están alimentando?» preguntaba Winn. «Si, pero no es suficiente», su madre respondía. Johnson también desarrolló una úlcera por presión que se convirtió en una profunda herida en su espalda. A fines de enero de 2022, Johnson llamó a Winn agonizante, diciendo, «Ya no puedo más».

Johnson llamó al 911 y fue inmediatamente hospitalizada. Poco después, Winn también sacó a su padre de la casa de huéspedes de Hamiton. Luego, empezó a investigar, y se percató de la larga lista de acusaciones contra Hamilton desde hacía más de una década.

Nadie en Oasis Senior Advisors alertó a Winn sobre estas acusaciones al recomendar las casas de Hamilton. Oasis Senior Advisors no respondió a las solicitudes de comentarios. 

«Las cosas podrían haber sido mucho peores», dice Winn. Su madre y padre ahora están estables, pero cuatro años después, la úlcera por presión de Johnson aún está en proceso de sanar, su piel está tan delgada que se abre con facilidad, y Winn sigue lidiando con el abandono que sufrió su madre. 

«¿Cómo pude ver las señales pero no darme cuenta?» se pregunta. 

Un cuestionamiento similar ha atormentado a Manuel. Inicialmente, desde que organizó su propio rescate a través del ataque al corazón que fingió, Manuel fue trasladado a un mejor hogar de huéspedes. Pero después de meses, fue trasladado otra vez, a otra casa negligente. Otra vez la comida era escasa, los cuidadores ausentes, y otro residente empezó a abusar de él físicamente. Él y otros residentes llamaron a la policía varias veces. 

Pensando en esos días, Manuel se pregunta por qué no intervinieron los oficiales. 

«¿Cómo es que la policía no se dio cuenta? “ dice en español, “Creéme, están golpeando a mis compañeros de casa, estamos completamente solos, postrados en cama, y no hay nadie que nos atienda. ¿Tienes idea de lo que está pasando?»

Las discrepancias en las regulaciones y falta de supervisión

Detrás de esta falta de supervisión, dicen los expertos, está un sistema de gobernanza y un marco político que hace casi imposible tomar medidas contra los infractores. Ninguna agencia estatal es responsable por prevenir este tipo de abusos, y los Servicios de Protección al Adulto, la agencia que suele estar designada a investigar tales abusos, carece de personal y fondos suficientes. Algunos municipios, como Dallas y Houston, han establecido grupos de trabajo sobre casas de huéspedes, pero los expertos dicen que su eficacia ha sido limitada. 

El Senador estatal de Texas Borris Miles presenció de primera mano como la falta de supervisión puede resultar en negligencia y abuso. 

Una noche en septiembre de 2020, en medio de un aguacero torrencial, el teléfono de Miles sonó alrededor de las 2 de la mañana. Le llamaba un agente de policía del distrito de Miles en el condado de Harris que intentaba realizar una verificación de bienestar en una casa en el sur de Houston, tras una solicitud del familiar de un residente. Pero nadie le abrió la puerta. 

Al recibir la llamada, Miles y su esposa subieron a su camioneta. La lluvia era tan intensa que algunas calles estaban inundadas, pero llegaron a la casa y Miles pudo hablar con algunos vecinos, quienes dijeron que pensaban que la casa era una casa de huéspedes. 

Miles empezó a tocar en la puerta. Podía oír a personas adentro, pero le dijeron que no lo podían dejar entrar. 

«No tenían acceso a las cerraduras», dice Miles.

Los servicios de emergencia derribaron la puerta y encontraron a 37 personas viviendo en una casa de tres habitaciones con un solo baño que funcionaba. 

«Estaban abusando de la gente», dice Miles. «Les robaban sus recetas médicas y se las vendían a otros individuos». 

Desde esa noche, Miles se ha convertido en uno de los pocos políticos vocales que trabaja para reformar las políticas de las casas de huéspedes en Texas. En 2021, a instancias de Miles, la legislatura estatal aprobó una ley que incrementa el castigo por operar una casa de huéspedes sin licencia donde ésta requerida, a un delito menor de clase B, punible con hasta 180 días en la cárcel y una multa de $2,000 dólares. 

Los defensores dicen que el aumento de la pena para los operadores de casas de huéspedes es un avance, pero no aborda el problema estructural: la falta de regulaciones integrales estatales. 

Con todo y sus grandes esfuerzos, las sanciones que consiguió Miles sólo son aplicables a los condados y municipios que requieren licencia para las casas de huéspedes. Y las penas más severas, al final, no significan mucho si las agencias responsables por verificar el orden, y la policía misma, no tienen el tiempo ni los recursos para investigar reportes de abuso. 

“La ejecución de la ley no se lleva a cabo”, dice Dennis Borel, de la Comisión de Texanos con Discapacidades. 

Algunos piensan que la reforma puede provenir sólo de la inversión pública, y que la normativa debe fomentar la transparencia y los altos estándares. “Con el fin de regularlos a un nivel de calidad para la habitabilidad, tendría que haber fondos estatales”. Dice Borel. “Y someterse regularmente a inspecciones, y asimismo presentar informes”. 

Borel, que trabajó en la legislación de casas de huéspedes en Texas mientras estuvo en la coalición hace más de 10 años, señala que en aquel tiempo, el objetivo era desarrollar reglas con un enfoque ligero. La razón detrás de esto es que, mientras las normas más estrictas pueden incrementar la capacidad de asumir la responsabilidad, también incrementan los costos, lo que volvería las casas de huéspedes inaccesibles para una gran parte de la población. 

En el año 2022, un reporte de la Comisión de salud y servicios humanos de Texas, determinó que, en ausencia de alternativas más seguras, “si los organismos reguladores locales fueran a revocar permisos para casas de huéspedes, podría dejar a los residentes sin techo, e impactar a otras entidades como hospitales estatales, albergues, y hasta el sistema de justicia penal”. 

Pero la asequibilidad no era la única razón para mantener la regulación de las casas de huéspedes al mínimo. La decisión también buscaba proteger el derecho de los residentes de vivir donde elijan—un derecho por el cual muchas personas con discapacidades tienen que luchar. 

«Hay algo de paternalismo en eso también cuando decimos: ‘Oye, vamos a elegir cómo será tu entorno de vida’», dice McMaughan. «A veces, en un esfuerzo para proteger grupos de personas que son percibidas como vulnerables o son vulnerables, les quitamos la capacidad para evaluar y asumir riesgos».

Hoy en dia, Borel cree que tener regulaciones más estrictas es necesario, incluso si limita las opciones disponibles. «Creo que ya no debemos abordarlo a la ligera”, afirma.

El creciente escenario de viviendas inseguras 

Después de que la rescataron de las instalaciones de Becquer, Angelique Estes fue brevemente trasladada a otra casa de huéspedes, y luego, a fin de cuentas, derivada a un asilo de ancianos. Aquí, dice Estes, está disfrutando de los beneficios de una atención de calidad. 

«Hacemos meditación, ejercicio, improvisación, juegos de conocimiento, family feud [un juego similar a 100 Mexicanos dijeron], cosas así», menciona. «Tengo terapia física». Su salud ha mejorado tanto que ha empezado a utilizar programas de inteligencia artificial para crear imágenes que la retratan a ella y su difunto esposo, que comparte con sus amigos en Facebook. 

Al recordar esos momentos, Estes se siente orgullosa por su rol en el arresto de Becquer, y de responsabilizar una parte de la industria de casas de huéspedes. «Yo soy quien la encarceló», afirma. 

El arresto de Becquer también desencadenó una serie de nuevas políticas. Después de una serie investigativa de la periodista Tanya Eiserer en el noticiero local de Dallas WFAA, en abril, la ciudad de Arlington creó nuevas regulaciones para las casas de huéspedes, requiriendo permisos, inspecciones rutinas, y verificación de antecedentes penales para operadores y personal, similares a las que se adoptaron en Houston y el condado de Harris. 

En junio, Texas aprobó dos leyes nuevas a nivel estatal. La primera elevó la sanción por proveer servicios de cuidado personal sin tener licencia (como si fuera un centro de vida asistida), de un delito menor de Clase B a un delito menor de Clase A, lo que es una infracción penal más grave. La segunda prohíbe que las agencias de asignación deriven a clientes a casas de huéspedes sin licencias—en condados que requieren licencias o permisos—a menos que no haya ninguna otra opción, y requiere que las agencias declaren las quejas previas (hechas a la casa de huéspedes), a clientes potenciales. 

Mientras los expertos creen que estas leyes son alentadoras, aún no abordan la naturaleza sistémica del problema: la falta de regulaciones integrales a nivel estatal para casas de huéspedes, y la falta de alternativas más seguras para cuidado a largo plazo de individuos de bajos ingresos. 

Los expertos señalan que se necesitan reformas más extensas, particularmente porque prevén un aumento considerable en la cantidad de personas sin seguro en el país, dados los recortes recientes a Medicaid—el proveedor más grande de servicios de cuidado a largo plazo en el país. 

«Estos son los recortes más grandes a Medicaid en la historia», dice McMaughan. «La gente que está accediendo a cuidados en casa y cuidados en un ambiente comunitario, o tal vez que tengan un programa de exención—va a perder esa financiación, y es más probable que se encuentre en una situación en que una casa de huéspedes sin licencia es la mejor opción».

Una encuesta nueva realizada por la Asociación Estadounidense de Atención Médica y el Centro Nacional de Vida Asistida, reveló que el 55% de los asilos de ancianos tendrán que reducir sus camas de Medicaid debido a los recortes de financiación. 

Michael Lepore, decano adjunto de la Facultad de Enfermería en la Universidad de Massachusetts Amherst, menciona que los estados también podrían reducir los fondos destinados a Medicaid de los asilos de ancianos. «Eso también podría resultar en un aumento de casas de huéspedes que operan sin licencia”, indica Lepore. 

Otros están de acuerdo. «No hay duda de que estamos ampliando el mercado de [casas] de huéspedes», dice Borel. 

Realmente abordar el problema de casas de huéspedes inseguras, señala McMaughan, requeriría una «reforma total del sistema», creando servicios de cuidado más accesibles y seguros, y con regulaciones más estrictas. «Ese es el enorme problema del cuidado a largo plazo—que muchas de las regulaciones simplemente no son efectivas.» McMaughan agrega que, tomar medidas contra las casas de huéspedes inseguras, requeriría más financiación para los Servicios de Protección de Adultos. 

«Si valoraramos a los adultos mayores, a las personas discapacitadas o a los adultos que necesitan servicios de apoyo, financiaríamos los Servicios de Protección para Adultos», afirma McMaughan. La falta de financiamiento es una condena «a los valores de nuestro gobierno».

Borel está de acuerdo: «Los que tienen el control no tienen ningún interés en proteger a este sector de la población. Si lo tuvieran, lo harían. [Texas] no es un estado pobre. Este no es un país pobre. Si hubiera un interés genuino en apoyar a toda nuestra ciudadanía, lo harían». 

La tarea no debe ser imposible. Mucho de lo que constituye una atención segura y digna es relativamente básico. 

En 2019, después de años de ser trasladado a diferentes casas de huéspedes y hospitales, Manuel fue derivado a un asilo de ancianos en el oeste de Houston. Cuando llegó, el personal le dio de comer y lo bañó—algo que no había podido hacer durante más de diez años, porque la mayoría de los baños no eran accesibles a silla de ruedas. Para Manuel, sentir el agua correr por su cuerpo fue como un renacimiento. Después fue transferido a otro asilo. El lugar no tiene nada de lujoso, pero para Manuel, es el mejor en que ha vivido. 

«Te dan tres comidas, te dan suficiente agua, y te cambian de posición», dice. «Y cuando les llamo, vienen». 

Después de su largo trayecto por el sistema de casas de huéspedes de Texas, Manuel teme que su buena suerte actual no dure, y que eventualmente vuelva a ser trasladado a otro lugar. Pero por ahora, dice, lo toma día a día. 

«Rezo por estar aquí por mucho tiempo».

Fact-checking by Arman Deendar and Thomas Birmingham.